El 9 de junio se eligen los 61 de los 720 miembros del Parlamento Europeo que corresponden a España. Desafortunadamente, la crisis socioambiental global no ocupará el debido papel en la campaña de los partidos políticos ni de los medios de comunicación aunque se nos vaya la vida en ello.

¿En qué punto está la crisis ambiental?

En 2023, el mundo vivió nuevos máximos de emisiones de gases de efecto invernadero, se batieron récords de temperatura y los impactos climáticos (calor extremo, sequía, incendios forestales y las inundaciones) cobraron mayor fuerza y velocidad.
La relación de la sociedad capitalista con la naturaleza que la sustenta está rota. La imprevisibilidad y la inestabilidad se han convertido en norma ante la secuencia de profundas crisis (sociales, políticas, sanitarias, geopolíticas, económicas y ecológicas) que se juntan y refuerzan mutuamente.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, “Europa es el continente que más rápido se calienta del mundo, y los riesgos climáticos amenazan su seguridad energética y alimentaria, sus ecosistemas, sus infraestructuras, sus recursos hídricos, su estabilidad financiera y la salud de las personas”. En 2023, se publicó el informe de seguimiento de los avances del 8º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, el marco general de actuación de la UE hasta 2030. Las perspectivas son pésimas: en la mayoría de los 28 objetivos es “poco probables” que se cumplan como por ejemplo reducir significativamente la huella material y la cantidad total de residuos generados.

¿Qué no se está haciendo bien?

A pesar de las crecientes evidencias del colapso ecológico y de la alarmante aceleración de la crisis climática, las tres principales instituciones de la Unión Europea (Comisión, Consejo y Parlamento) están bloqueando nuevas medidas para proteger la naturaleza y echando por tierra las ya existentes. 
En el último año, la Comisión Europea ha relajado las normas de contaminación para las explotaciones industriales -las explotaciones ganaderas de vacuno más grandes y tóxicas, así como miles de granjas industriales de cerdos y pollos, podrán seguir contaminando nuestro aire, suelo y agua- (el sector ganadero es responsable del 54% de las emisiones de metano), ha abandonado los planes de producción sostenible de alimentos, ha dado vía libre a los pesticidas (algunos altamente peligrosos y cancerígenos como el glifosato) y ha dado carpetazo a los esfuerzos por garantizar un suministro de agua resistente.

Ocho gobiernos -entre ellos Suecia, Austria y Hungría- han bloqueado los planes de la UE para restaurar la naturaleza en Europa (tan urgente y necesaria como hemos visto en el caso del Mar Menor, Doñana o las Tablas de Daimiel). Se han eliminado algunas de las normas ambientales para las explotaciones agrícolas con el fin de contentar a la agroindustria, y los ministros de agricultura amenazan con debilitar las nuevas normas de la UE para luchar contra la deforestación mundial.

Además, la industria lleva mucho tiempo ejerciendo un gran poder en las instituciones de la UE, en muchos casos hasta el punto de dominar la toma de decisiones. Las empresas y sus lobistas disfrutan de un acceso privilegiado a los funcionarios de la Comisión, los eurodiputados y los gobiernos, la mayoría de la cual sigue alineado con la ideología que da por sentado que lo que es “bueno para las grandes empresas es bueno para Europa”.

Os pongo tres ejemplos:

• La industria de los combustibles fósiles se convirtió en la principal asesora en política energética tras la invasión de Ucrania.
• Los intereses de las grandes farmacéuticas se pusieron por delante de la salud pública.
• Las aerolíneas y los aeropuertos retrasaron o diluyeron medidas como la reducción de vuelos en Francia y Países Bajos.

¿Y qué ha hecho el Parlamento Europeo?

En los últimos cinco años, el Parlamento Europeo ha votado un gran número de propuestas legislativas. Entre ellas figuran, por ejemplo, la Ley del Clima de la UE, la eliminación progresiva del motor de combustión, la reducción de los residuos de envases y nuevas medidas para mejorar la calidad del aire, todas ellas muy lejos de los cambios necesarios.

Si analizamos el voto de los 12 partidos de España, que han tenido representación en la legislatura 2014-2019 del Parlamento Europeo (hay un total de 209 partidos políticos nacionales repartidos en siete grupos), respecto a las propuestas legislativas en los ámbitos de la conservación de la naturaleza, el clima y la protección ambiental, llegaríamos a la conclusión que -a grosso modo- Vox ha votado en un 90% de las veces contra la salud y la naturaleza, el PP en el 75%, Ciudadanos, PNV y Junts en el 50%, el PSOE ha votado en un 20% contra medidas ecologistas así como Podemos, IU, Anticapitalistas, ERC, BNG y EH BIldu han trabajado entre un 84% y 92% de las votaciones a favor de la naturaleza y el clima.

Las medidas ambientales a menudo ganan o pierden por un margen muy estrecho de votos. Dos ejemplos:

• El Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que busca restaurar un 20% de los hábitats y ecosistemas destruidos y degradados hasta 2030, ha salido adelante con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones. Durante su trámite, la ley fue blanco de una agresiva campaña de desinformación y numerosos objetivos fueron diluidos. Finalmente, fue bloqueada por varios estados miembros de la UE a pesar de que numerosos estudios han revelado que la restauración de ecosistemas no solo crea empleos y aporta beneficios a sectores económicos. Los hábitats restaurados mejoran la calidad del aire y del agua, aumentan la resiliencia ante desastres naturales y promueven la biodiversidad, lo que a su vez fortalece la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades.
• El “Reglamento sobre el uso sostenible de los plaguicidas” pretendía reducir a la mitad el uso de plaguicidas en la UE para 2030 con el fin de proteger a las personas y ecosistemas de sustancias especialmente peligrosas. Al final, la ley fracasó por la presión de las agroindustria.

¿Hacia dónde vamos? ¿Qué riesgos y peligros intuimos?

La Unión Europea apuesta por la guerra y la militarización (aumento de gastos militares, reindustrialización a través de la fabricación de armamento, etc.), el blindaje de la Europa fortaleza y racista reforzando y externalizando el control migratorio, el neocolonialismo (intensificando las relaciones de explotación y dominación con terceros países vía extractivismo y tratados comerciales), el dominio del poder corporativo y la austeridad 2.0.

Como señala la antropóloga y ecofeminista Yayo Herrero: “bajo la lógica capitalista, la crisis ecosocial se encara dando una patada hacia delante y desentendiéndose de las duras consecuencias que tiene sobre el conjunto de todo lo vivo. Se intensifica el extractivismo y la apropiación de bienes y recursos y el aumento de los residuos y la contaminación. Se extreman la violencia sobre los territorios que fueron usados como mina y vertedero y aumentan las dinámicas de explotación y expulsión de personas y otros seres vivos. En algunos países, ya, el transporte, los sistemas energéticos o de alimentación presentan niveles de quiebra que amenazan con convertirlos en su conjunto, o en zonas de los mismos, en estados fallidos o en zonas de sacrificio. En otros, los costes de la calefacción, la vivienda, la movilidad o la alimentación se disparan y cada vez más personas encuentran dificultades para cubrir las necesidades más básicas para una vida decente”.