Hasta que irrumpió en nuestras vidas el coronavirus, el sistema de cooperación internacional para el desarrollo español vivía un momento de cierta agitación. La Administración General del Estado, el Gobierno, había asumido que la situación era insostenible y había que acometer reformas, antes de que el sistema operativo dejara de funcionar. Por otra parte, las administraciones autonómicas y locales, en mayor o menor medida, habían decidido recuperar el impulso de una política pública castigada durante los años de la denominada crisis económica.
Pero llegó el COVID-19 y cambió el foco de nuestras preocupaciones. Un virus diminuto nos enfrenta a una emergencia sanitaria global como nunca antes habíamos visto. Un fuego que no entiende de fronteras políticas ni geográficas y que se extiende sin freno. Todas las personas y todos los países estamos en riesgo. Pero, no nos cabe duda, que serán las personas y los países más vulnerables quienes sufrirán con más intensidad las llamas de este incendio. Y cuando las brasas se vayan apagando veremos un panorama desolador por las graves consecuencias sociales y económicas en todo el mundo.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, nos alertaban a principios de mes de que ningún país puede contener el incendio solo, y ninguna parte de nuestras sociedades puede ser olvidada si queremos enfrentar efectivamente este desafío global.
Esta crisis también nos dejará algún aprendizaje en positivo. Destacaré tres. El primero, como dice el músico ugandés Bobi Wine, que a pesar de que la mala noticia es que cualquier persona es una víctima en potencia, todas somos soluciones potenciales. El segundo la fuerza del apoyo mutuo cuando actuamos como comunidad, imaginando fórmulas de ayuda a los vecinos más vulnerables o de cooperación en la fabricación del material necesario. El tercero el valor de lo público como la más eficaz defensa a este tipo de situaciones y el trabajo impagable del personal sanitario, auxiliares, cuidadoras de personas dependientes, personal del transporte, personas que trabajan en establecimientos de alimentación y farmacia, etc.
Ahora sólo hay que darse cuenta de que la comunidad va más allá de los límites de nuestro confinamiento. No hacen falta grandes conocimientos para comprender que los países empobrecidos no tienen el músculo económico, político e institucional necesarios para responder con contundencia a esta emergencia sanitaria. La fragilidad de sus sistemas públicos de salud, junto a la debilidad institucional o la falta de recursos, vaticina un más que probable colapso de sus servicios de salud. Y, también lo sabemos antes de que suceda, todo ello unido a una gran crisis económica y social, en la que quienes son más vulnerables tienen las de perder.
Tenemos que interiorizar que la respuesta al COVID-19 para nuestra ciudadanía, o es global, y sin dejar a nadie atrás, o no será efectiva ni eficiente. No podremos contener la pandemia quedándonos en nuestras casas y paralizando nuestra economía, sin contenerla en América Latina y en África. Si algo confirma esta epidemia es que somos interdependientes, que la solidaridad universal es la cura, la justicia global la vacuna.
Las ONG ya se han puesto al servicio de los gobiernos, aprovechando la experiencia atesorada en otras muchas crisis habidas en el mundo, para parar el fuego en nuestro país. Una vez que aquí solo queden rescoldos, estas organizaciones se volcarán, una vez más, en los países empobrecidos para ayudar a quienes mas lo necesiten. La cooperación internacional será una pieza del engranaje imprescindible para tratar de evitar que la pandemia vuelva como un búmeran.
Andrés Amayuelas, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo de España
Foto de portada: Martine Perret / UN Photo
Foto cuerpo de artículo: Paul Shaw / DFID – UK