En las últimas décadas España ha pasado a ser un país receptor de migrantes y, fruto de ello, la sociedad española muestra hoy una gran diversidad. El 10.7% de la población tiene nacionalidad extranjera (5 millones) y 1,5 millones de españoles tienen, al menos, un padre o madre extranjeros. Parte de esta población son personas que se vieron obligadas a huir de sus países para sobrevivir, personas perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política, muchas veces en contextos de conflicto.
Las personas refugiadas son una realidad que tenemos que atender derivado de nuestras obligaciones internacionales de protección internacional y derechos humanos. Además, el derecho a solicitar protección internacional (PI) es un derecho expresamente reconocido por la Constitución Española (art. 13.4) y su ejercicio se desarrolla en la ley 12/2009.
El número de solicitantes de PI ha experimentado un aumento exponencial en los últimos años. En 2014 solo se presentaron 1.039 solicitudes y en 2019 fueron ya 118.264. Las solicitudes comenzaron a crecer en 2015 debido, fundamentalmente, al éxodo sirio y a partir de 2016, se incrementaron considerablemente las llegadas de personas venezolanas y de ciertos países centroamericanos.
El año pasado, el cierre de fronteras debido a la pandemia redujo el número de solicitudes de PI un 25% (88.762). A pesar de ello, España fue en 2020 el tercer Estado Miembro de la Unión Europea en cuanto a número de solicitudes recibidas, por detrás de Alemania y Francia. Las 5 primeras nacionalidades en solicitudes de asilo fueron latinoamericanas, con Venezuela y Colombia a la cabeza.
El análisis y la resolución de las solicitudes de PI corresponde al Ministerio del Interior y, desgraciadamente, la tasa de aprobación de solicitudes españolas es de las más bajas dentro de la UE. Por otro lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones gestiona plazas de primera acogida para solicitantes sin recursos durante un máximo de 18 meses. El sistema público de acogida cuenta con 28.423 plazas, en su mayoría gestionadas por grandes ONG. Se trata de una capacidad de acogida insuficiente, muy inferior al ratio solicitantes/capacidad de acogida de otros Estados Miembros de la UE.
Con la llegada a España, comienza también el trabajo de integración social. Para los refugiados y los inmigrantes, todo cambia. Es un proceso largo en el que al esfuerzo de la persona que llega, deben sumarse políticas públicas que promuevan la integración. Aquí entra en juego la colaboración y coordinación del Estado con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como las actitudes y comportamientos de la sociedad española.
El sistema de asilo español tiene también una dimensión exterior, dirigida a apoyar a la población refugiada en países pobres y a los desplazados internos, que son aquellos que no pueden salir de su país. Ambas poblaciones representan la inmensa mayoría de los refugiados del planeta y los más necesitados de ayuda.
Por último, no olvidemos que además de la gestión del corto plazo, necesitamos mantener la mirada a largo plazo. Es preocupante observar que las cifras de desplazamientos forzosos no dejan de crecer en los últimos años. Para frenar la deriva creciente de refugiados, la comunidad internacional debe pensar en cómo poner fin a las “guerras interminables” en grandes partes del planeta y garantizar condiciones básicas de vida en todos los países, de forma que la movilidad sea, en su caso, una decisión voluntaria en vez de forzosa.
