En 2022, el número global de personas desplazadas por violencia superó los 100 millones, cifra a la que se suman muchas más obligadas a migrar por causas estructurales y crisis socioambientales crónicas. La realidad es que cada vez más personas se ven forzadas a abandonar sus hogares y países.
Entre ellas, millones de niños, niñas y adolescentes han tenido que huir de sus países de origen, y los Estados, junto con la comunidad internacional, tienen la responsabilidad de protegerlos mediante medidas que garanticen, entre otros derechos fundamentales, el acceso a una educación inclusiva en contextos de movilidad forzada.
Una educación inclusiva y de calidad es clave para la integración de las poblaciones migrantes, especialmente de la infancia y juventud, y también para la construcción de paz y la transformación social. Como señala la UNESCO (2022), la educación es esencial para desarrollar los conocimientos, actitudes y comportamientos que permiten “aprender a vivir juntos/as y con los demás” y construir entornos que promuevan el bienestar colectivo.
Por todo ello, en este número de Papeles retomamos los datos, el análisis y nuestra postura frente a los desafíos que implica garantizar una acogida educativa para la infancia y la juventud en situación de movilidad forzada, publicada en nuestro el informe «ESCUELA REFUGIO, ESCUELA QUE ACOGE»

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